Viernes, Mayo 26, 2017

Proyecto de Ley de Cultura norma los derechos laborales

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Socialización del proyecto de Ley de Cultura.

El asambleísta Gastón Gagliardo, miembro de la Comisión de Educación, explicó que mediante la Ley de Cultura se establecerá un régimen que norme las relaciones laborales en el sector cultural, entre empleadores y trabajadores, profesionales, investigadores, creadores, artistas, productores y gestores culturales, con el fin de asegurar el reconocimiento de sus derechos, entre ellos el de la seguridad social.

[pro_ad_display_adzone id=”3286″ ajax_load=”1″ align=”left”]Esta exposición la realizó durante la socialización del proyecto de Ley de Cultura, que la Comisión de Educación efectuó en Guayaquil, con diferentes actores y sectores que se encuentran inmersos en las actividades artísticas y culturales. Gagliardo expuso el contenido de la propuesta legal y después se escucharon los planteamientos ciudadanos.

“Se garantiza el derecho a la seguridad social de los creadores, promotores, trabajadores y profesionales de la cultura y el arte.

El organismo competente establecerá una modalidad de afiliación adaptada a las realidades profesionales del sector que contemple mecanismos de aportación y recaudación flexibles, posibilitando el acceso a las pensiones jubilares”, agregó. Así mismo, dijo que regulará la modalidad de contratación, las condiciones de seguridad ocupacional y de reducción de riesgos de trabajo, las jornadas laborales por tipo de actividad y desempeño en condiciones legales, sociales y económicas dignas.

[pro_ad_display_adzone id=”3286″ ajax_load=”1″ align=”left”]De manera general contó que la norma tiene como finalidad fomentar, impulsar y promover la cultura y la protección adecuada del sector cultural. Además, expresó que define las competencias del Estado para garantizar el ejercicio de derechos culturales y regula el funcionamiento del Sistema Nacional de Cultura.

El asambleísta puntualizó que se establecen algunos derechos como a la identidad cultural, a la protección de los saberes ancestrales y diálogo intercultural, al uso y valoración de los idiomas ancestrales y lenguas de relación intercultural, a la memoria social, a la libertad de creación, al acceso al patrimonio cultural; a la formación en artes, cultura y patrimonio, al uso, acceso y disfrute del espacio público, al entorno digital y a disponer de servicios culturales públicos.

Resaltó que se establece un Sistema Nacional de Cultura, integrado por las instituciones del ámbito cultural que reciben fondos públicos, gobiernos autónomos descentralizados, Casa de la Cultura, colectivos, gremios, asociaciones, organizaciones, actores, generadores y gestores que se vinculen voluntariamente. También se crea un Consejo Nacional de Cultura y Patrimonio, como un órgano asesor y unos consejos consultivos, que son instancias asesoras que emiten recomendaciones para las políticas culturales y facilitan el diálogo entre el sector público y privado.

[pro_ad_display_adzone id=”3286″ ajax_load=”1″ align=”left”]De igual manera, sostuvo que se fomentan algunos subsistemas como el de la memoria social, patrimonio cultural e interculturalidad; así como de artes e innovación.

Manifestó que se instituye un Instituto de Fomento para las artes, innovación y creatividad para que coordine e implemente proyectos, coordine asistencia y apoyo técnico, emita criterios técnicos para la asignación de fondos, realice seguimiento a las actividades y proyectos apoyados por éste, implemente herramientas de promoción de prácticas artísticas y culturales, fomente los emprendimientos culturales y artísticos, incentive la producción, circulación y comercialización de obras, entre otras actividades.

De igual manera, afirmó que se crea un Sistema de Orquestas del Ecuador, que son entidades operativas desconcentradas con autonomía administrativa y financiera, adscritas al Instituto para el Fomento de las Artes, Innovación y Creatividad y que el proyecto tiene un capítulo relacionado con la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, considerada una entidad con personería jurídica de derecho público, autonomía responsable, administrativa y financiera. Cada provincia contará con un núcleo que podrá tener sedes cantonales y la sede nacional deberá coordinar, supervisar, planificar, dar seguimiento, monitoreo y evaluación del trabajo de los núcleos.

[pro_ad_display_adzone id=”3286″ ajax_load=”1″ align=”left”]Según el parlamentario, los recursos para esta entidad estarán conformados por las asignaciones del Presupuesto General del Estado, fondos provenientes de la autogestión, valores que se obtengan para proyectos de inversión, infraestructura o programas culturales y donaciones.

Los recursos se distribuirán a los núcleos provinciales conforme algunas variables como la importancia demográfica de la provincia, la infraestructura, eficiencia administrativa, calidad de la gestión, que comprende acceso, participación, interculturalidad, fomento, circulación, educación, entre otros.

LM/pv

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